Dos años, 27 marcas: qué han encontrado de verdad en las cadenas del «Made in Italy»

Hace dos años, la fiscalía italiana destapó explotación laboral en fábricas que, según la investigación, abastecían a marcas de lujo. El proceso dejó al descubierto las grietas de la cadena del «Made in Italy», socavando su asociación histórica con la calidad y la ética, y cuestionando la idea de que la explotación fuera cosa exclusiva de la moda rápida.

La primera investigación señaló a cinco marcas cuyos proveedores de segundo nivel fueron acusados de explotación: Dior, Giorgio Armani, Loro Piana, Valentino y la marca italiana de gran consumo Alviero Martini. Esos casos se cerraron después de que el tribunal quedara satisfecho con los cambios introducidos. Pero la fiscalía no se detuvo: desde entonces la investigación se ha ampliado a otras 22 marcas.

La última oleada incluye a Chanel, Moncler, Bvlgari y Brunello Cucinelli. Ninguna ha sido puesta bajo administración judicial ni acusada directamente; los fiscales solo han pedido documentación de gobernanza para las investigaciones sobre subcontratistas. Todas las que respondieron señalaron que cooperan y que tienen mecanismos para detectar prácticas poco éticas.

La fiscalía empezó por las acusaciones más graves, apoyándose en el Código Antimafia italiano. En la mayoría de casos, los documentos judiciales recogían pruebas de trabajo forzoso y de fábricas que externalizaban el exceso de producción a talleres de propiedad china con condiciones de explotación, varios de ellos incumpliendo normas de seguridad y salud y legislación laboral.

La segunda fase, en diciembre de 2025, señaló a otras 13 marcas por su relación con los proveedores Bag Group, Effellemoda y New Leather: Prada, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Missoni, Ferragamo, Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, la filial italiana de Alexander McQueen, la sociedad operativa italiana de Off-White y Adidas. Las acusaciones volvían a apuntar a la explotación de trabajadores, en su mayoría chinos o de ascendencia china.

Adidas sostiene que no se trata de una investigación directa: «Adidas no es objeto de la investigación. Ni nosotros ni nuestros proveedores italianos tenemos relación comercial con la empresa investigada. Cooperamos plenamente con las autoridades italianas». Coccinelle afirmó que empezó de inmediato a reunir la documentación solicitada y reiteró «su compromiso continuado con el cumplimiento de la ley y los más altos estándares éticos».

Todos los casos partían de la premisa de que las marcas no sabían lo que ocurría. Una acusación rompió esa lógica: en octubre de 2025 el fiscal Paolo Storari pidió una prohibición publicitaria de seis meses para Tod’s, alegando que la marca se benefició a sabiendas de subcontratistas ilícitos que obtenían «enormes beneficios explotando a trabajadores chinos muy mal pagados». En febrero se aplazó la vista; si Tod’s demuestra avances suficientes, la petición podría retirarse. La compañía negó las acusaciones.

La oleada más reciente afecta a subcontratistas de packaging de lujo: fundas de ropa, bolsas guardapolvo, bolsas de compra y estuches. Las inspecciones en la milanesa Moda Fashion Styles y en la subcontratista Isacco, de Varese, revelaron más empleados de etnia china en condiciones de explotación.

La documentación oficial revela que Moda Fashion Styles empleaba a trabajadores no declarados y sin permiso de residencia; que la maquinaria carecía de los mecanismos de seguridad exigidos; que los trabajadores vivían en condiciones degradantes; que el consumo eléctrico indicaba producción durante todo el día, festivos incluidos; y que se encontraron etiquetas con la leyenda «Made in Albania». La empresa no tiene relación directa con las marcas implicadas, pero los fiscales hallaron pruebas de que sus productos se fabricaban allí. Además, encontraron facturas por esos trabajos emitidas por Brandart, que sí tiene relación directa con Owenscorp Italia (matriz de Rick Owens), Chanel, Brunello Cucinelli, Goyard Italie y Moncler.

Brandart señaló que se le pidió cooperar aportando información y documentación sobre el seguimiento de ciertos proveedores, lo que «reafirma su compromiso continuado con la supervisión de su cadena de suministro conforme a los más altos estándares de cumplimiento».

Detrás hay causas sistémicas. El proceso arrancó cuando creció la presión para que las empresas italianas cumplieran la normativa europea sobre trazabilidad y diligencia debida. La moda era el punto de partida obvio: una exportación clave con una de las cadenas más complejas y opacas.

El primer problema es la subcontratación, que traslada pedidos a actores pequeños con menos escrutinio de marcas y auditores. La presión regulatoria ha llevado a algunas marcas a reducir su base de proveedores y endurecer controles, pero muchas aún no tienen ese nivel de supervisión.

El segundo es el trabajo forzoso, especialmente complejo en Italia. La fiscalía quería acabar con el llamado «caporalato», explica Andrea Sianesi, profesor de operaciones y gestión de cadena de suministro en el Politécnico de Milán e integrante del grupo de trabajo que colaboró con los fiscales. Ese sistema tiene una larga historia de reclutar trabajadores indocumentados, retener parte de sus salarios y mantenerlos en condiciones de explotación. Los inmigrantes indocumentados son especialmente vulnerables, añade la profesora del UCL Roya Derakhshan.

En las cadenas italianas la conversación suele centrarse en los inmigrantes chinos, muchos de los cuales trabajan en fábricas de propiedad china repartidas por Italia. El fenómeno arrancó a finales del siglo XX, cuando la globalización abrió las puertas a mano de obra más barata y a fábricas más industrializadas; al mismo tiempo, muchos propietarios italianos vieron que sus hijos no querían continuar el negocio familiar, y la llegada de empresarios chinos dispuestos a comprar fábricas ya montadas pareció un acuerdo beneficioso para ambos, explica el profesor asociado del Politécnico de Milán Hakan Karaosman. Muchas fábricas trajeron trabajadores chinos para mantener el ritmo de pedidos, algunos indocumentados o bajo coacción. Unas cumplen la ley; otras han sido acusadas de saltársela, como ha destapado la investigación.